Razones para la esperanza en un nuevo proceso constituyente

Chile se encamina a iniciar un tercer proceso constituyente luego de dos fallidos: el impulsado durante el segundo gobierno de Michelle Bachelet y el originado en el acuerdo de noviembre de 2019. Son fallidos puesto que ninguno de los dos fue capaz de culminar con una nueva Constitución Política.

Sin embargo, el problema constitucional sigue presente: el sistema político, luego de gobiernos de distinto signo, ha sido incapaz de dar respuesta a exigencias ciudadanas centrales en el debate público. Esta ineficacia de la acción pública ha abonado a la crisis de credibilidad en la institucionalidad democrática que desembocó en una masiva e inorgánica manifestación de descontento popular en 2019.

Por otro lado, el texto vigente ha perdido prácticamente toda valoración, no se le considera políticamente constitutivo, tan así que ha sido objeto de reformas para cuestiones meramente coyunturales y menores. Los sectores políticos, de lado y lado, lo consideran una mera forma. En suma, carecemos de una Constitución Política.

Es evidente que contamos con una Constitución en sentido formal, esto es, un texto que se le denomina de esa manera, y que es contrastado con otras normas jurídicas que pueden ser dejadas sin efectos en el caso que lo contradigan. No es en ese sentido que Chile carece de Constitución, sino en el más relevante, en el que justifica que sea la norma “superior” de todo el ordenamiento jurídico: la sociedad chilena carece de un texto que exprese acuerdos políticos básicos, transversales y socialmente valorados que nos constituyan en una comunidad política.

Un texto de ese tipo se valora especialmente, no se le modifica por cuestiones nimias, se cuida su lenguaje y su técnica, no solo para la entretención de juristas, sino porque se le tiene un aprecio social. Esta relevancia política hace que se conviertan en una especie de mito republicano; en efecto, una Constitución Política tiene una dimensión propiamente mítica. Por ello, la forma de su elaboración es crucial, pues condiciona los relatos que se prediquen sobre la relevancia política del texto. En otros términos, el texto es importante, tanto por sus expresiones, como por la política necesaria para su redacción.

Si bien este tercer intento tiene riesgos importantes y la posibilidad que también resulte fallido no puede descartarse, tiene las ventajas -entre otras- de iniciarse con algunas discusiones más decantadas, definiciones políticas claves transversalmente acordadas y, sobre todo, con lecciones que nos dejan los desaciertos de los procesos anteriores. No se parte desde cero. En suma, mantener viva la esperanza de una Constitución Política democrática elaborada en democracia sigue siendo razonable. No es un optimismo iluso ni una claudicación luego de la derrota de septiembre.

Las lecciones

Los procesos fallidos nos han dejado algunas lecciones que se deben sopesar en este nuevo proceso; pero también aciertos que es importante mantener, a fin de evitar los riegos que ya se avizoran. El proceso que se inicia, tal como los anteriores, no estará exento de complejidades.

En primer lugar, debemos aprender de los errores. Una lección importante que nos dejó el último proceso constituyente es que no debe confundirse el pacto constitucional con el pacto político-social. Evidentemente, el primero tiene elementos no menores del segundo, pero no lo agota. No todo lo políticamente relevante debe estar en la Constitución ni es necesario que sea zanjado en sus discusiones, incluso, es probable que ante muchos problemas sociales urgentes y de gran importancia sea poco o nada lo que pueda decirse (v. gr. la crisis migratoria o de seguridad pública).

Una consecuencia de lo anterior, es que la política normal no debe dejar de atender las urgencias sociales para, entre otras cosas, viabilizar los pactos constitucionales. El oficialismo y la oposición, los gremios empresariales y los sindicatos, las corrientes (...)