Francia: un análisis en cinco puntos

1. Desde principios de 2023, Francia es el escenario de uno de esos movimientos sociales de los que tiene la reputación y el secreto. Movilizados contra (otra) nueva reforma periódica del sistema de pensiones, los ocho principales sindicatos que representan a los trabajadores y los tres principales sindicatos de estudiantes han movilizado a sus afiliados, así como a una mayoría significativa de la opinión pública, en su oposición. Y han sacado a la calle a millones de franceses. Hasta hoy en día, ya se han celebrado en todo el país una docena de jornadas de acción y manifestaciones, ordenadas y pacíficas, para protestar contra el texto de esta reforma, que prevé un aumento de la duración de la cotización a 43 anualidades y el retraso de la edad mínima de jubilación de 62 a 64 años.

Después, la utilización por la Primera Ministra de un dispositivo constitucional (el famoso “artículo 49.3”) que le permite forzar la decisión del Parlamento poniendo en juego la confianza del Gobierno, provocó manifestaciones espontáneas más violentas. Y desencadenó una espiral de radicalización creciente y mutual, entre un movimiento social, por un lado, que exige que se le escuche y se le haga justicia, y un gobierno, por otro lado, que hace oídos sordos a la protesta popular que denuncia como ilegítima e irresponsable. De la calle a las instituciones, y en el rechazo mutuo de la falta, se ha cristalizado una verdadera “crisis democrática”, crisis que la validación de la ley por el Consejo Constitucional el 14 de abril no ha hecho más que prolongar.

Pero ¿en qué consiste realmente esta reforma de las pensiones que está poniendo a una parte de Francia en huelga y en la calle? Según el Gobierno, se trata de anticipar el futuro deterioro de las cuentas públicas y hacer frente a un futuro déficit de este sistema de pensiones de reparto al que los franceses han mostrado su apego desde principios del siglo XX –y que defienden ferozmente, como en 2019 contra la introducción de un “sistema de puntos” basado en el modelo escandinavo. Sin embargo, el Consejo de Orientación de Jubilación, organismo independiente cuya experiencia es reconocida por todas las partes interesadas, no parece compartir el pesimismo del Gobierno francés. El pasado mes de septiembre, el Consejo estimó que en la mayoría de los escenarios previstos no hay una “dinámica incontrolada de los gastos de pensiones”. En 2021, también consideraba que las pensiones seguían una “trayectoria controlada” hasta 2070.

Aunque se prevén déficits pequeños y temporales en los próximos años, son principalmente consecuencia de reformas anteriores que redujeron unilateralmente la financiación de la seguridad social. Según la opinión de los expertos, y de sus oponentes a derecha e izquierda del gobierno, se trata en realidad de una reforma “paramétrica”. El gobierno disponía de tres variables: el importe de las cotizaciones patronales, el importe de las pensiones y la duración de las cotizaciones. De forma arbitraria y puramente contable, para pagar la reducción de un déficit temporal a partir de 2027, eligió mantener en activo dos años más a las categorías de trabajadores más frágiles: aquellos cuya penosidad (ya cuestionada en las reformas anteriores) hace que cada año de trabajo sea más penoso y más costoso; y las mujeres, cuyas carreras son más discontinuas, más incompletas y peor remuneradas.

2. Dramatizando la secuencia por razones tácticas, el gobierno pretende así que esta reforma salvaría al país de la ruina y la quiebra. Una burda exageración de la insostenibilidad de la deuda pública generada por las medidas adoptadas para amortiguar la crisis sanitaria y energética. Pero al desprecio por el ser humano, desencarnado por los agregados estadísticos, y al desprecio social por las clases trabajadoras, convocadas a trabajar más para compensar unos déficits que no son suyos, el Gobierno ha añadido también el desprecio por la democracia, reducida al respeto de unas pocas disposiciones constitucionales y a un respeto por la legalidad desconectado de la legitimidad política de su acción. Esta implacabilidad sólo puede incitar a los observadores a buscar en otra parte que en los argumentos oficiales las motivaciones profundas de esta reforma. Sin aventurarnos demasiado, podemos sospechar que son exactamente las contrarias de las que se han enunciado. En realidad, sólo se trata de preservar este precioso sistema de reparto, herencia de los modelos bismarckianos inventados por la Europa continental a finales del siglo pasado, cuando la última revolución industrial y el desafío socialista al capitalismo industrial estaban en pleno apogeo.

Lo que realmente está en juego en esta tragedia es una financiarización encubierta. Tras el pretexto del aumento de la esperanza media de vida –cuestionable porque olvida la reciente inversión de la tendencia y la toma en consideración de la morbilidad–, las consecuencias nefastas de este aumento de la edad de jubilación son numerosas. En un mercado laboral francés bajo presión, donde el empleo de las personas mayores ya es uno de los más bajos de Europa, el principal efecto será alargar el periodo de inseguridad entre el empleo y la jubilación. Para las mujeres, cuyas pensiones ya son inferiores a las de los hombres, para los más modestos, para las clases trabajadoras, el espectro de la precariedad se hace más amenazador. Francia, junto con Italia, fue uno de los últimos países en los que el Estado asumió la misión de corregir las desigualdades de estas poblaciones, donde (...)