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A 50 años del Golpe de Estado

Chile tendrá una nueva Constitución neoliberal

A 50 años del Golpe de Estado, Hernán Larraín, participa en la escritura de un nuevo texto constitucional para la república de Chile y es uno de los personajes responsables de dejar atrás la Constitución impuesta por la dictadura cívico-militar de 1980 que sigue vigente. Larraín fue dirigente gremialista de la Universidad Católica y es un histórico miembro de la Unión Demócrata Independiente (UDI) que ha tenido a Jaime Guzmán como mentor y a Paul Schäfer como líder espiritual. Negacionista y defensor de Pinochet, ministro de Justicia y DDHH del gobierno de Sebastián Piñera y ex senador. Es difícil encontrar el carácter democrático de este proceso, aun cuando, su marco legal, el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución, establece en su párrafo inicial que este deberá ser “un procedimiento inobjetablemente democrático”.

Estas son algunas de las dramáticas paradojas que caracterizan el curso de la constituyente en la actualidad, las mismas que definieron los cimientos de la democracia chilena desde el 11 de marzo de 1990. Esto marca, sin duda, una derrota triste y desoladora: haber perdido por vía electoral la posibilidad de construir de manera plural, participativa y paritaria (1), por primera vez, una Constitución.

Revuelta popular y constituyente

La revuelta popular de octubre (2019) abrió un espacio que dio visibilidad a la rabia provocada durante las casi tres décadas de un dudoso periodo democrático y expresó la fuerza de un deseo por disputar la política. Este acontecimiento se ha manifestado como una potencia, que al igual que otras revueltas en el mundo, parece no dialogar con los mecanismos tradicionales de participación política. Durante más de cuatro meses las protestas ocuparon las plazas y calles de varias ciudades del país. A partir de ellas se elaboró un lenguaje común y un nuevo imaginario político que se expresó en el fortalecimiento de prácticas territoriales y en la emergencia de organizaciones nuevas. La ayuda mutua, la horizontalidad y el afecto son las rutas intempestivas del mapa que dibujó la revuelta de octubre y que ha dejado huellas.

Este ha sido un periodo sin precedentes que fue interrumpido por la crisis sanitaria y encausado hacia una salida institucional que determinó un marco legal para redactar una nueva Constitución. Lamentablemente, la situación que hoy enfrentamos, y que habilita la posibilidad de un nuevo texto constitucional, es un proceso guiado en su mayoría por los sectores que se han negado a cambiar la Constitución dictatorial y por un mecanismo antidemocrático que actualiza el tutelaje de la democracia transicional que todavía naufragamos.

¿Es legítimo este proceso constituyente?

El 15 de noviembre de 2019, antes de la llegada de la pandemia a Chile, fue firmado el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución (2)”, un pacto concertado desde la institucionalidad política y no por las fuerzas sociales que levantaron la revuelta pocas semanas antes. Este acuerdo fue modificado en algunos aspectos debido a la presión de diversos movimientos sociales, especialmente desde el feminismo, lo que permitió que en el proceso participaran listas electorales independientes a los partidos políticos y que este fuese el primer órgano constituyente paritario del mundo. Esto amplió considerablemente los márgenes democráticos y participativos en la conformación de la Convención Constitucional.

Desde noviembre se fijó una normativa para el desarrollo de un proceso constitucional organizado por tres momentos electorales. El primero fue la elección voluntaria de abril (2020), realizada durante el periodo de confinamiento y pandemia, en la cual el triunfo del Apruebo obtuvo un 78,27% de los votos. En este plebiscito de entrada, según el Servicio Electoral (SERVEL) participó un 50,90% del padrón electoral, el mayor porcentaje de votación desde que el voto se hizo voluntario en 2012 (3). En la segunda elección, se definió el grupo de convencionales que conformaron la Convención Constitucional (2021). Y, finalmente, se llevó a cabo el plebiscito de salida (2022) de carácter obligatorio y con inscripción automática (4), para aprobar o rechazar en su totalidad la propuesta constitucional redactada durante un año. El rechazo alcanzó en esta ocasión el 62% de los votos.

Tras el triunfo del rechazo el 4 de septiembre 2022, se estableció un acuerdo que vuelve a elitizar la política, a restringirla a los partidos y al parlamento, estableciendo un ordenamiento que será conducido por un grupo de expertos designados y por un comité revisor. El grupo de expertos ya ha presentado su propuesta y esta no responde a ninguna de las demandas que han sido planteadas históricamente desde los movimientos sociales. Y muy a la vieja usanza de quienes decidieron el modelo de transición, en esta se reconoce la presencia del pueblo, de las mujeres, de los pueblos indígenas y del medioambiente, pero no se reconoce (…)

Artículo completo: 2 482 palabras.

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Mia Dragnic

Socióloga.

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