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Chile se dota de una nueva ley de garantías y protección integral de derechos de la niñez y adolescencia

Garantizar la niñez

Un avance significativo para la niñez ha sido promulgación de la Ley de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia (LGPIDA o Ley de Garantías) que reconoce y protege a los niños, niñas y adolescentes en tanto sujetos de derecho, promueve su bienestar integral y se establece un marco legal, social e institucional para garantizar su protección y promoción en diversas áreas de su vida.

Llegar a la aprobación de esta ley fue un camino largo, cruzado por tensiones ideológicas, que implicaban el reconocimiento de las personas menores de 18 años como sujetos de derecho y la provisión del Estado de un conjunto de garantías de derechos. Sin embargo, estos aspectos fueron resueltos en la discusión legislativa, luego de pasar por una Comisión Mixta y del veto a algunos artículos por parte del expresidente Sebastián Piñera. Todo esto, en un contexto post estallido social y durante la pandemia, cuando los parlamentarios y el gobierno de derecha defendían un derecho preferente de los padres a tomar decisiones sobre los hijos absoluto e incuestionable y amarraban la exigibilidad de las garantías a la disponibilidad presupuestaria.

Este último punto, donde la discusión tiende a centrarse en lo económico más que en lo ideológico, solo es sostenible en el marco de un Estado subsidiario, con un modelo de bienestar de carácter neoliberal, donde predomina la lógica de mercado para la provisión de servicios públicos, es decir: “competencia, libre elección y eficiencia”. La pregunta que cabe es si puede este Estado garantizar derechos a un grupo de la población del país (22,9% según proyección del INE para el 2021) al cual ha costado reconocer como sujeto de derechos y cuya provisión se condiciona a la disponibilidad presupuestaria.

Un sistema articulado

Actualmente, esta ley se encuentra en su fase de implementación y se han levantado muchas críticas respecto a su retraso, factibilidad y exigibilidad de los derechos que ella contiene. El proceso ha sido lento y más lento aún si consideramos que durante este gobierno se han nombrado tres subsecretarias de la niñez, autoridad a cargo de la implementación, cada una con su mirada y su equipo de asesores. Se habla incluso de una ley sin carne o letra muerta, pero la gran diferencia que plantea este marco normativo es la creación de institucionalidad específica para la niñez, no es un programa o conjunto de programas, sino un sistema institucional articulado y que asume la tarea de la protección integral.

La construcción de institucionalidad será un camino largo, que el legislador cifró en cinco años, y que implicará distintas tensiones durante su implementación (las que se podríamos llamar pequeñas batallas). El argumento que se busca defender en este artículo, es que el problema no es la ley, es decir, que este no es un problema normativo, sino político. Político, en el sentido más puro del término, no de las políticas, sino de la política: De cómo se concibe a las niñas, niños y adolescentes, en tanto sujetos de derechos y del rol del Estado en tanto garante de ellos. La discusión de fondo es ideológica y en ella se avanzó de manera sustantiva en los contenidos de la Ley, tanto en el reconocimiento de los (…)

Artículo completo: 1 746 palabras.

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María José Pérez

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