¿Se puede perdonar 1973?

La conmemoración del cincuentenario de 1973 ha vuelto a poner en discusión la idea del perdón, en tanto categoría moral que aplicada a la política posee connotaciones y efectos que van mucho más allá del plano interpersonal y voluntario.

Perdonar en su sentido político se vincula a amnistiar, olvidar, excusar, incluso legitimar y reincorporar a la vida pública. La virtud moral del perdón adquiere efectos complejos cuando supera el plano de las relaciones recíprocas entre quien ejecuta un acto de perdón y quien recibe el don extraordinario del perdón. Lo que vale en el plano enteramente privado del mundo de la vida no es equivalente en el plano de las instituciones, marcado por el imperativo legal y sus efectos sistémicos, intergeneracionales y coactivos. Perdonar 1973 implica clarificar qué perdonar, a quién y por qué. Esa es la exploración que propone este artículo.

¿Qué perdonar?

El golpismo es la primera dimensión de lo vivido hace 50 años, y lo que se debe analizar al respecto es si cabe perdonar cívica y democráticamente. 1973 no es sólo un acontecimiento de un día. No es sólo el 11 de septiembre. Es un proceso golpista que se gestó desde antes del 4 de septiembre de 1970, y que fue sumando actores de forma progresiva, algunos de forma poco consciente o convencida, mientras otros se movieron con muy clara determinación, y sin renunciar a ningún medio a su alcance.

Una segunda dimensión de 1973 es la masacre que comienza el mismo 11 de septiembre, y que entre ese día y diciembre de ese año cobró prácticamente la mitad de las víctimas mortales que se contabilizaron en todo el período dictatorial. Se debe entonces considerar la “producción social de la violencia”, en los términos que define Manuel Guerrero Antequera(1), como una práctica genocida que buscó eliminar a ciertos grupos de la sociedad, y también como violencia disuasoria y señal inhibitoria para que la población se comporte de una determinada manera.

¿A quién perdonar?

Se puede ponderar el proceso golpista, en un sentido abstracto, como un delito político, contra la legitimidad del orden democrático, constitucional y legal. Quienes participaron, activa o pasivamente de ese proceso conspiraron y traspasaron las normas fundamentales de convivencia. Pero obviamente las responsabilidades deben ponderarse de forma diferenciada. No carga la misma culpa el comerciante acaparador que los asesinos del general Schneider o del edecán Araya. No es equiparable la responsabilidad golpista de Patria y Libertad con la que tiene la Democracia Cristiana. Mientras el primer grupo planificó una política terrorista desde antes de las elecciones de 1970, la DC se fue orientando hacia una oposición radical de forma secuencial, progresiva y sin unanimidad interna.

No sería justo asumir que todos los actores que se plegaron al proceso golpista aceptaron, incentivaron, participaron o validaron la masacre posterior. Existe un campo de gente que se movió con una voluntad más o menos solapada de “no querer saber” lo que pasaba o “no querer imaginar” las consecuencias de sus actos. Pero, aunque se pueda hacer esta distinción, diferenciando el golpe de sus consecuencias, el quiebre democrático fue la (...)