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Los grandes fondos marinos, objeto de todas las codicias

Geopolítica de los abismos

¿Puede la actividad minera apoderarse de las grandes fosas marinas? Más allá de las dificultades técnicas para extraer metales y tierras raras, la legislación internacional intenta contener esta actividad, aun cuando su desarrollo parece ineludible. Ante las reticencias de muchos países europeos, China y los países en vías de desarrollo están decididos a sacar provecho de las extracciones futuras.

A fines de junio de 2021, la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos (AIFM) con sede en Kingston, Jamaica, recibió una amenazadora carta del presidente de Nauru, un micro-Estado de Oceanía, que provocó una gran conmoción. Creada por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CNUDM) en 1994, esta institución gestiona –hasta ahora en un marco de relativa indiferencia– lo que se llama la “Zona”, es decir los fondos marinos situados más allá de los límites de las Zonas Económicas Exclusivas (ZEE) o de la plataforma continental extendida de los Estados, es decir cerca del 56% del suelo de los mares y océanos. Con este fin, la Autoridad desarrolló un importante cuerpo jurídico y adjudicó 31 contratos de exploración a institutos de investigación científica o a empresas, destinados a transformarse, a largo plazo, en contratos de explotación. Dado que están repletos de manganeso, níquel, cobre y cobalto, los fondos marinos despiertan las codicias desde hace varios lustros. Sin embargo, numerosos obstáculos técnicos, jurídicos y financieros hacen que su extracción sea una “serpiente del abismo”: los nódulos polimetálicos se encuentran a entre 4 y 6 kilómetros de profundidad.

A pesar de ello, algunos contratantes dieron muestras de su firme intención de pasar, en cuanto sea posible, a la fase de explotación. Por tanto, el Consejo –órgano ejecutivo de la Autoridad que comprende 36 Estados miembros electos– inició la redacción de un reglamento de explotación. Inicialmente prevista para 2022, su adopción fue sin embargo diferida por el tecnicismo de las cuestiones planteadas y por la pandemia de Covid 19. Este retraso disgustó a la empresa canadiense The Metals Company (TMC) dueña de tres contratos de exploración por intermedio de sus filiales locales en tres pequeños Estados del Pacífico (Nauru, Tonga, Kiribati). Según la CNUDM, todo contrato debe efectivamente ser patrocinado por Estados que deberían ejercer un control efectivo sobre las partes –una tarea prácticamente imposible para países con administraciones débiles y dada la falta de transparencia de los capitales–.

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Amenaza de explotación

La carta del Presidente de Nauru de junio de 2021 dirigida a la AIFM amenazaba con hacer uso de un vacío legal para obligar a la Autoridad a acelerar el paso. Una cláusula del acuerdo de 1994 que implementa la parte de la Convención sobre los fondos marinos efectivamente establece que, ante la ausencia de un reglamento de explotación, el Consejo debe “examinar y aprobar provisoriamente”, con un plazo de dos años, la solicitud presentada por un Estado que patrocina un contrato de exploración. La carta del Presidente de Nauru reclamaba la adopción del reglamento antes del 30 de junio de 2023 y dejaba planear la amenaza de una presentación de solicitud de explotación a partir de esa fecha y, por primera vez, de una extracción minera a gran escala de los fondos marinos en la Zona. La hipótesis parecía tanto más creíble cuanto que varios tests efectuados por TMC, así como por la empresa belga Global Sea Mineral Resources (GSR, filial del grupo DEME) confirmaban la posibilidad de desplegar un aparato submarino a 5.000 metros de profundidad y recoger nódulos aspirándolos por un tubo que conecta el aparato a un buque en la superficie.

En definitiva, el procedimiento excepcional que Nauru puso en marcha alertó a la comunidad internacional sobre los riesgos de una explotación inminente y sin control de los fondos marinos con las imaginables consecuencias sobre un ambiente poco conocido. Asociaciones tan diversas como el World Resources Institute y Greenpeace alertaron acerca de los daños ecológicos irreversibles que, según ellas, resultarían de la extracción minera en ecosistemas de los que la humanidad ignora casi todo (1). La iniciativa incomodó asimismo al Consejo. Durante su reunión de julio de 2023, éste rechazó cualquier explotación comercial de los fondos marinos en ausencia de un marco regulatorio y se dio doce meses para adoptar uno. Durante la reunión de la asamblea de la AFIM, también en julio, el presidente de Nauru (…)

Artículo completo: 2 322 palabras.

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Didier Ortolland

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