Recientes acontecimientos han sacado a la luz pública lo grave que resulta el ejercicio legal falto a la ética. Los audios grabados subrepticiamente en que dos abogados se relacionan con un cliente y le explican cómo funciona el sistema de justicia en Chile son desoladores. La necesidad que se manifiesta de coimear a funcionarios públicos y que esa es la manera de solucionar los problemas resulta extremadamente grosera.
Paralelamente se ha conocido la sentencia de un Tribunal Oral que condenó a seis años de cárcel a un abogado que se apropió de bienes de su cliente de avanzada edad. Estadísticas de Gendarmería del año 2019 mostraban cómo en un lapso de cuatro años, más de ochenta abogados habían sido detenidos por ingresar droga al momento de visitar a sus clientes privados de libertad.
Todo lo anterior en un escenario en que -de acuerdo a informes de la OCDE- solo un 15% de los chilenos confía en su sistema de justicia: junto a Ucrania, el más bajo de los países medidos. Confianza que es incluso menor a la de otros países latinoamericanos como México, Colombia, Brasil o Perú.
En ese escenario –entonces- por cierto es relevante cuestionarse sobre la importancia de la formación ética de los profesionales del Derecho, que tanto hemos fallado al respecto y qué aporte se puede hacer desde las universidades para mejorar esta debilidad.
Control para cualquier abogado o abogada
En efecto, la formación de las y los profesionales del Derecho debe tener una fuerte impronta ética, que debe traducirse -sin duda- en la manera de identificar posibles conflictos de este tipo y cómo resolverlos. La determinación de principios claves sobre lealtad con el cliente, con la contraparte y con el tribunal, conflictos de interés y el manejo de la publicidad de los casos, son temas acuciantes desde los cuales es posible levantar ciertos principios orientadores del actuar siempre dificultoso en el caso a caso.
Todo ello, además, en un escenario sumamente complejo en las (…)
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