La deuda histórica es de tierras y mar

En los últimos tres meses, el lobby por modificar la Ley que crea los Espacios Costero Marinos de los Pueblos Originarios (ECMPO) –también conocida como Ley Lafkenche– se ha intensificado por parte de varios sectores económicos. Acusan que la normativa impide el desarrollo económico de las regiones. Sin embargo, a diferencia de otros momentos históricos, el lobby no se ha suscrito solo a la clase política; a través de distintas herramientas de persuasión, azuzando el racismo como estrategia, se han vinculado a sindicatos de trabajadores del rubro y pescadores artesanales subrayándoles que existe mar para algunos –la Ley Lafkenche– en desmedro del resto de habitantes que comparten el océano como espacio de trabajo y vinculación cultural.

Los ecos de la campaña del Rechazo de “una que nos una”, con la cual se logró crear un frente anti plurinacionalidad durante el proceso constituyente, ha vuelto en la pluma de los senadores oficialistas Fidel Espinoza (PS, región de Los Lagos), Álvaro Elizalde (PS, región del Maule y actual ministro de la Presidencia), Gastón Saavedra (PS, región del Biobío) y también de la oposición, encabezada por David Sandoval (UDI, región de Aysén) y Carlos Kuschel (Independiente RN por Valparaíso), quienes en abril de 2023, presentaron un proyecto de ley que aspira a “perfeccionar” la implementación de la Ley Lafkenche.

En paralelo, las empresas salmoneras han comenzado un intenso trabajo a través de la prensa. Por ejemplo, en el contexto de la tramitación de dos solicitudes de ECMPO en Aysén, la directora ejecutiva del Consejo de Salmón, Loreto Seguel, en la página editorial de El Mercurio del 21 de febrero, plantea que la Ley presenta “una serie de falencias”, las que tensionan los sueños de pescadores artesanales y “sus futuras generaciones”. Arengaba en su columna: “¿Acaso los pescadores artesanales no son ‘gente del mar’?”, “¿ellos tienen menos derechos que quienes forman parte de los pueblos originarios?” y concluyó: esta normativa impide el futuro “de todas las familias que de una u otra manera viven del mar en la zona”, olvidándose de algo trascendental: la mayoría de los pescadores y recolectores del sur de Chile pertenecen a algún pueblo originario y que los ECMPO permiten la inclusión de otros actores en la administración y el uso del borde costero, reconociendo con ello la convivencia actual en los territorios.

Algo parecido ha sostenido Susana Jiménez S., vicepresidenta de la Corporación de la Producción y del Comercio en La Tercera quien, reconociendo la buena intención de la ley, sostiene que está “mal diseñada y peor implementada”. Molesta por la solicitud de los Lafkenche de Cisnes e Islas Huinchas, los que piden 600 mil hectáreas para el uso y preservación del ecosistema marino, los empresarios del mar han visto que la normativa perjudica la extracción, alegando que sobre ello se han dado a conocer otras cien solicitudes de los pueblos originarios, paralizando, desde su perspectiva, cualquier actividad productiva.

El camino de la Ley

La Ley Lafkenche nació como respuesta a la Ley de Pesca y Acuicultura promulgada en los últimos meses de la dictadura cívico-militar. Esta normativa no reconoció a los Lafkenche ni a otros pueblos originarios (Rapa Nui, Changos o (...)