Terrorismo racial en tiempos de Jim Crow

El primer recurso lógico de los afroamericanos de Estados Unidos para combatir los abusos económicos de los cuales eran víctimas como aparceros y los maltratos personales impuestos al azar por los blancos en los encuentros diarios tendría que haber sido ejercer una presión electoral sobre las autoridades. Pero si bien en 1870 los afroestadounidenses obtuvieron en los papeles el derecho al voto en virtud de la 15a Enmienda a la Constitución Federal, en realidad fueron metódicamente proscriptos de las urnas en todo el Sur. Una estructura con reglas de inscripción bizantinas, condiciones de residencia, impuestos de participación, test de aptitud para la lectura, pérdida automática de los derechos civiles en caso de condena penal, y el simple chicaneo y la coerción de los funcionarios locales hicieron de ellos ciudadanos zombis desprovistos de cualquier capacidad política. Cualquier cuestionamiento de esas restricciones era a su vez reprimido, porque “no votar y no quejarse por no poder hacerlo era parte integrante del ‘lugar’ de casta de los negros”.

Al aproximarse las elecciones, los candidatos blancos y la prensa avivaban las pasiones raciales deplorando el “descaro” y los “ultrajes” supuestamente cometidos por negros libidinosos al acecho de mujeres blancas. La temporada electoral exigía de los blancos que defendieran el “frente interno” sugiriendo un vínculo directo entre el voto y la violación, el acceso de los negros al cuarto oscuro y la inminente irrupción de la inmunda bestia negra en el dormitorio, santuario de la virtud de las mujeres blancas.

Cuando las presiones informales y la violencia resultaban insuficientes para acallar el clamor de los afroestadounidenses deseosos de participar en las elecciones, los Estados antes confederados recurrían a maquinaciones jurídicas elaboradas para anular el derecho al voto de sus ciudadanos negros. Aquí, al igual que en muchos otros frentes, Mississippi sirvió de modelo. Recurriendo a la fuerza y al fraude, a la discriminación en materia de inscripción y a la intimidación, las autoridades del “Estado de la Magnolia” redujeron el número de votantes negros, que pasó del 96% en 1868 a menos del 6% en 1892. En 1964 todavía era solamente del 7%. En la capital, Jackson, únicamente un afroestadounidense sobre 270 inscritos se atrevió a deslizar su boleta en la urna durante las elecciones de 1875.

Se realizó un meticuloso trabajo jurídico para llevar a cabo esta exclusión. Desde entonces, para ejercer el derecho a voto era necesario estar inscrito en las listas electorales cuatro meses antes, residir desde hace dos años en el Estado y un año completo en la circunscripción electoral (un criterio idóneo para descalificar a una “raza migratoria”), haber pagado todos los impuestos, así como un impuesto electoral anual de 2 dólares por año (un umbral alto para los aparceros pobres, que rara vez disponían de liquidez) y no haber cometido ninguno de los delitos que figuraban en una lista que incluía el incendio criminal, la bigamia, el fraude y los pequeños robos. En caso de necesidad, una última exigencia sumamente imprecisa, a saber, leer tal artículo de la Constitución del Estado y “brindar una interpretación razonable de él”, permitía a los responsables locales a cargo de la gestión de los registros electorales admitir a los blancos analfabetos y a la vez reprobar a los candidatos negros.

Los otros Estados del Sur no tardaron en seguir la corriente, modificando sus Constituciones con el fin de incrementar los sistemas formales destinados a impedir que los afroestadounidenses accedieran al cuarto oscuro. También se generalizaron nuevas exigencias en materia de propiedad, de educación y de “carácter”, cuya aplicación podía ser adaptada por los oficiales de los condados con el fin de asegurar una exclusión de los negros sin fricciones. Algunos Estados aplicaban “la cláusula del abuelo”: sólo se permitía inscribirse para votar a los residentes cuyo abuelo (que, en la inmensa mayoría de los casos hasta la década de 1900, era esclavo) estuviera inscrito en el censo electoral en el momento de la votación de 1868.

Los estratagemas eran innumerables: los negros que querían votar podían recibir formularios de inscripción para que cometieran errores y que servirían como motivo para el rechazo de la inscripción. También se les podía decir que los formularios ya no estaban “disponibles”, incluso pedirles una y otra vez que “volvieran otro día”, o simplemente ignorarlos. Los oficiales de estado civil eximían a los solicitantes blancos de la evaluación de lectura, pero descalificaban a los afroestadounidenses por “haber pronunciado mal una sola palabra”. A fin de cuentas, siempre se podían inventar nuevas reglas, como un condado que exigía que dos votantes blancos debidamente inscritos refrendaran la inscripción de un candidato negro.

Las instituciones judiciales podrían haber hecho respetar los derechos fundamentales, limitar los abusos y prevenir la violencia contra los negros sancionando a los blancos que recurrían a ellas. No obstante, en el Sur de Jim Crow, la ley y la justicia no eran garantes protectores, sino fuentes adicionales de opresión. La policía local, los tribunales y los establecimientos penitenciarios disponían de un personal exclusivamente compuesto por blancos adeptos a la supremacía racial.

¿Justicia? Para blancos

La policía reprimía con entusiasmo hasta la más mínima transgresión a las reglas de etiqueta de la sumisión racial respaldando la intimidación y la violencia ejercidas por los plantadores, los empleadores y los milicianos. Su rol se reforzaba por los conductores de autobús, los agentes del gas, los carteros, los bomberos, los recaudadores de impuestos y otros pequeños empleados públicos al acecho del menor signo de insubordinación por parte de los negros. Desde el punto de vista del policía raso que patrulla, carente de formación y proveniente de la clase más pobre de la sociedad blanca, todo negro era un criminal nato, toda negra, instintivamente prostituta; los afroestadounidenses no comprendían más que el lenguaje de la fuerza y debían ser objeto de un control estricto, razón por la cual la brutalidad policial era el modus operandi habitual. Las golpizas eran frecuentes, así como la tortura y los asesinatos.

Los tribunales del Sur se burlaban de los derechos de los afroestadounidenses con el consentimiento de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en varias oportunidades se negó a intervenir para corregir los sesgos raciales en los procesos judiciales del Sur. Durante las audiencias penales se aceptaban las confesiones obtenidas con golpes y tortura; las expresiones de parcialidad y de prejuicio por parte de los jurados eran moneda corriente.

Mientras los abogados blancos eran objeto de amenazas de muerte si por casualidad tomaban clientes negros, sus homólogos negros difícilmente podían sustituirlos para defenderlos, dado que su raza era abiertamente usada en contra de su cliente (en algunos Estados, ni siquiera estaban autorizados a presentarse ante el tribunal). Como resultado, muchos acusados fueron juzgados y condenados sin haber podido gozar de los servicios de un defensor, y ello hasta los años 1940. En Mississippi, los juicios por asesinato eran a menudo resueltos expeditivamente en media jornada –con el fin de garantizar una pronta condena, para impedir que hordas de blancos iracundos invadieran la sala de audiencias para apoderarse del acusado y de los miembros de su familia–.

Los abogados negros eran escasos (fuera de las grandes ciudades no había, a pesar de que la población afroestadounidense estaba concentrada en los campos), generalmente autodidactas, con una clientela insolvente, y se topaban con obstáculos insuperables que iban desde el hostigamiento hasta la exclusión. En algunos condados tenían prohibido entrar en la sala de audiencias o prestar juramento; en otros, tenían que defender desde el pasillo y eran tratados con un manifiesto desdén por los jueces y los testigos blancos, algunos de los cuales se negaban a responder a sus preguntas y los insultaban durante el contrainterrogatorio.

Presos en alquiler

Las disparidades raciales en materia de condenas eran siderales: en Georgia, por ejemplo, era público y notorio que “muchos más hombres negros padecieron años de prisión por haber robado un animal de granja que hombres blancos por haber asesinado a negros”. Más aún, el tribunal solo aseguraba su competencia para las infracciones más graves cometidas por negros contra blancos. Por su parte, las ofensas menores eran generalmente tratadas en privado por los plantadores y por los patrones en las minas y en (...)