¿Un gobierno demasiado austero?

El gobierno no puede condicionar los compromisos adquiridos en su programa a obtener una mayoría imposible, en un Congreso en el que es minoría. La estrategia debe ser otra. ¿Es posible hacer un plan de inversión extraordinaria en el servicio local de educación (SLEP) de Atacama, a modo de piloto de la nueva educación pública? La austeridad es una virtud política que se transforma en vicio cuando se desconecta de la racionalidad política que da sustento a una buena administración.

La opinión pública suele asociar a la derecha con el atributo de la gestión económica ordenada y el crecimiento. A la izquierda, en cambio, con el gasto irracional y el desorden de las cuentas fiscales. Pero si se hace un análisis histórico basado en datos empíricos, la realidad es completamente inversa en Chile. No hay mejor ejemplo que la evolución de la economía chilena en los últimos cuarenta años.

Recordemos que la dictadura entregó un país en una crisis económica impresionante: 5.3 millones de personas se situaban bajo la línea de la pobreza, lo que equivalía a casi un 40% de la población. Ricardo French-Davis ha demostrado que el salario mínimo real era más bajo que en 1974 y la desigualdad medida en ingresos entre el quintil más rico y el más pobre llegaba a 20 veces. Pero además de ese desastre social, el ministro de Hacienda de Pinochet, Hernán Büchi, había sobrecalentado deliberadamente la economía por medio de bonos y subsidios populistas con el fin de ganar el plebiscito de octubre de 1988 y luego las elecciones presidenciales de 1989. El IPC interanual de marzo de 1990 fue de un 23,9%. Dada la magnitud de las cifras, el recién asumido gobierno del presidente Patricio Aylwin marcó como una de sus prioridades el ordenamiento fiscal y la contención del gasto para enfriar la economía y evitar una escalada inflacionaria.

Una situación similar se vivió cuando asumió por segunda vez la presidenta Michelle Bachelet, después del primer gobierno de Sebastián Piñera. Se tuvo que abordar la compleja herencia económica y social del gobierno de Piñera, altamente crítica para las familias, para los trabajadores, y también para las empresas de menor tamaño. En ese período el fisco perdió la característica de haber sido acreedor neto para pasar a ser deudor neto en 2012. En 2013 comenzó un ciclo de la economía chilena marcado por la disminución de los precios de los commodities, y un incremento del precio del dólar. Durante el primer gobierno de Piñera se terminó un ciclo en el cual las cuentas fiscales dependían de precios insosteniblemente elevados del cobre y el gobierno de la derecha no reaccionó ante esa nueva realidad. Al momento de asumir la presidenta Bachelet, en 2014, recibió un déficit del -1,9% del PIB según el Banco Central. Correspondía hacer una reforma tributaria ambiciosa para paliar el déficit. Pero ese objetivo fue torpedeado por la derecha y reducido a su mínima expresión con la reforma de 2014, la que con todas sus deficiencias logró incrementar la recaudación tributaria en US$6.400 millones.

El ordenamiento 2022-23

El actual gobierno ha tenido que lidiar con una realidad muy similar a la que vivieron Aylwin en 1990 y Bachelet en 2014. Durante el segundo gobierno de Piñera se generó un cuadro de sobrecalentamiento de la economía, producto de una enorme expansión del gasto público en el contexto de la pandemia. Lo que llevó a eso fue la forma cómo la economía chilena creció por sobre su (...)